Fue en el año 2012 cuando el menor de 12 años de edad Elso Miguel Cortés Morales acudió a una clínica del IMSS en Puebla a causa de un resfriado común y de episodios de epilepsia. Este joven fue atendido en primera instancia en la Clínica 1, donde lo atendieron, pero fue internado en otros hospitales del IMSS, donde nunca pudo diagnosticarle una encefalitis viral que terminó por dañar su cerebro y arrancarle la vida.
Los padres del menos interpusieron la demanda correspondiente en contra del IMSS ante la Procuraduría General de la República delegación Puebla, sin embargo sospechan que su demanda está siendo detenida pues el caso se envió a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), donde se afirma que se requieren documentos casi imposibles de conseguir para continuar con los peritajes correspondientes. Por esta razón, la familia del hoy occiso solicita la intervención del delegado de la PGR o de cualquier autoridad competente para que se revise el caso y se aplique la ley conforme a derecho.
El 10 de junio de 2012 Elso Miguel comenzó a presentar diversos malestares: catarro, fiebre y dolor de cabeza que perduró hasta el 12 de junio, cuando su maestra y autoridades escolares se percataron del mal estado de salud del joven. Ante estos signos, sus padres optaron por llevarlo al consultorio médico de una farmacia, donde presentó su primera crisis convulsiva por un lapso de 12 minutos, por lo que el médico le aplicó Diazepam y recomendó a la familia llevar al niño al hospital, para lo que se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja.
El menor fue ingresado al área de urgencias bajo observación el mismo 12 de junio, donde se le aplicó Diazepam; ante el cuadro clínico, el médico de guardia indicó que el joven debía ser trasladado al Hospital de la Margarita, donde tras dos días de permanencia aún se tenía un diagnóstico certero pues no se habían practicado análisis clínicos y el joven no mejoraba. El 14 de junio se traslada a Elso al Hospital San Alejandro debido a los frecuentes episodios convulsivos, por lo que el médico optó por inducirle un coma barbitúrico e internarlo en el área de urgencias.
Sin embargo, la salud del menor se deterioraba día a día y no se tenía conocimiento de algún diagnóstico ni presencia de algún neurólogo ni se le había practicado una resonancia magnética o un electroencefalograma, según afirman sus padres.
El 25 de junio tenía programado un electroencefalograma, pero debido a la aparente mala coordinación del personal del IMSS San Alejandro, el estudio fue suspendido. Ante esto, sus padres reclamaron la presencia de un neurólogo, demanda que tuvo por respuesta una negativa, ya que afirmaban que el especialista trabajaba en el IMSS de la Margarita y no tenía tiempo de acudir a San Alejandro para atender al menor.
Ante esto, los padres del menor preguntaron si ellos podían llevar a algún neurólogo ajeno al IMSS, pero la respuesta fue negativa.
Tras varias deficiencias en el IMSS, los padres del menor decidieron agotar sus recursos económicos y trasladarlo al Hospital Puebla con un estado de salud grave, finalmente en este hospital le informan a la familia que el menor padece de una encefalitis viral.
En la aportación de pruebas de los padres del menor constan los comentarios del neurólogo del hospital privado: “El niño viene muy grave, no puedo hacer un pronóstico, vamos a luchar con todos los recursos médicos y a tratar de recuperar el tiempo perdido, el niño presenta evidentes señales de descuido, de trato inadecuado, el menor sigue convulsionando y persiste la fiebre”.
En el hospital mencionado se aplicaron los estudios “omitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso incluye una resonancia magnética del cerebro que confirma el diagnóstico. La radiografía de tórax muestra laceraciones en tráquea y esófago causadas en el hospital del Instituto Mexicano del seguro social por haberlo entubado con un equipo para adulto y no para niño. Muestra también presencia de abundante sangre en el estómago y los intestinos por la misma razón” (Sic).
Aunque el joven pudo recuperarse de la enfermedad y comenzar a recuperar su vida normal, la madrugada del 27 de agosto tuvo una hemorragia de tubo digestivo por la que tuvo que ser devuelto de emergencia al Hospital Puebla, donde a pesar de la intervención de los médicos perdió la vida.
Las causas del deceso constan en el acta de defunción: hemorragia de tubo digestivo alto, shock hipovolémico grado 4, coagulopatía, acidosis metabólica y encefalitis viral en tratamiento.
Ante la pérdida del menor, sus padres interpusieron una queja en el departamento correspondiente del IMSS Puebla y del IMSS México, donde dijeron que en 50 días tendrían una resolución, sin embargo, a casi 3 años del deceso no se ha obtenido ninguna respuesta.
Tras la presunta falta de interés por parte de la institución de salud pública, los padres del Elso se dirigieron a la Comisión de Derechos Humanos y a la Función Pública en México, quienes los enviaron a la Comisión de Derechos Humanos y a la Función Pública en México, siendo enviados a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Cesamed) Puebla, sin embargo al leer la existencia de un convenio de colaboración entre Cesamed, IMSS e ISSSTE los demandantes decidieron no continuar con el proceso y decidieron acercarse a la PGR.
En enero del presente año, la familia del menor fue informada de que el caso no dependía de la PGR sino de la Conamed, instancia a la que sería enviado el expediente y de la cual tendrían que atenerse.
Sin embargo, Conamed informó que requería más documentos para continuar el peritaje solicitando análisis expedidos por el primer consultorio médico que atendió al menor (el consultorio de una farmacia), solicitud que los padres del menor califican como absurda pues el médico solo prescribió un medicamento e indicó llevar al niño al hospital del IMSS.
La familia del menor indica que las autoridades no les están ayudando pese a las pruebas presentadas y solicitan la ayuda de las autoridades competentes para obtener justicia y se revise lo que ellos califican como una negligencia médica contra su hijo por parte de autoridades competentes que puedan brindar una resolución justa.
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Lic. Carlos Figueroa Rodríguez, abogado titular de Lex & Co. Cuenta con más de 10 años de experiencia en casos especializados en materia de demandas contra negligencias médicas y aseguradoras. Egresado de la Universidad Anáhuac y con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, además, cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la UCI México. Cédula profesional 6577215.
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