La falta de atención médica fue la que llevó a la hija de 3 años de Yolanda a morir. La negligencia médica tuvo lugar en abril de 2004, cuando ella, en compañía de su hija, llegaron al ‘Albergue para Mujeres que Viven Violencia Familiar’ en la Ciudad de México, organismo público dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social; por haber sido víctimas de su entonces marido.
En un principio, al juzgado y a los tribunales de la capital, no les pareció que la denunciante de la mala praxis que causó la muerte de su hija, exigiera una compensación tan onerosa, pues a su parecer, una persona de escasos recursos no podía exigir tal cantidad de dinero.
Lo que pasó, es que una vez que Yolanda y su hija llegaron al albergue, se les advirtió que existía una epidemia de varicela dentro del lugar, pero al no poder ubicarse en otro lado, decidieron permanecer en él. La hija de Yolanda contrajo la enfermedad, misma que se complicó por una infección en su piel. Yolanda había pedido a las autoridades del albergue acceder a los servicios de salud social, sin embargo, estos se la proporcionaron siete días después de que la niña se había contagiado, siendo demasiado tarde.
Finalmente tras 13 años de haberse dado los hechos, la Corte de la Ciudad de México falló a favor de la madre de la menor y determinó que se le indemnizaría por daño moral con 20 millones de pesos.
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El dictamen de la Suprema Corte de Justicia se hizo público, el cual se resume a continuación: “Atendiendo a la capacidad económica del Gobierno de la Ciudad de México y al impacto diferenciado que los hechos tuvieron en la quejosa como víctima de violencia intrafamiliar, esta Primera Sala determina que la indemnización debe incrementarse. Se niega el amparo al Gobierno local y se le concede a la quejosa para aumentar la indemnización por daño moral a 20 millones de pesos.”
Parece ser que en 2004 pasaron una serie de eventos desafortunados en la vida de Yolanda, quien no sólo perdió a su hija, sino que también fue víctima de violencia física y psicológica, denunció y no fue escuchada, ni mucho menos compensada.
El caso pasó por el juzgado y los tribunales de la capital por más de 11 años, sin haber podido ser asesorada por ningún tipo de abogado. Afortunadamente la demanda falló a su favor, aunque lamentablemente tuvo que esperar más de una década para ser compensada por los errores cometidos por las entidades públicas.
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