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A nivel nacional, en México hay un problema de atención médica muy grave. La falta de servicios médicos públicos de calidad, aunado al encarecimiento de las consultas en clínicas y consultorios de especialistas, ha provocado el auge de los servicios ‘patito’.
En muchos casos, estos servicios son brindados por médicos generales, en consultorios de farmacias, o en casas particulares con poco equipamiento para atender un caso de mayor complejidad. Esto, aunado a los servicios de emergencia ‘patito’ por parte de ambulancias que se desempeñan sin estar reguladas tanto a nivel estatal como federal.
Muchas de las personas que recurren a este tipo de servicios lo hacen por emergencia, al no contar con acceso a los servicios públicos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las carencias en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Incluso, muchos trabajadores sí cuentan con la prestación del IMSS, pero optan por no recurrir a ella al saber que perderán muchas horas para sacar consultas.
Y, en el caso de un resfriado, de un malestar estomacal u otro problema menor, ven en los consultorios informales una alternativa para aliviarse de sus enfermedades de forma rápida y a muy bajo costo.
Lamentablemente, al ser médicos sin una especialidad (en algunos casos, sin titulación, o sin certificaciones), en muchos casos pasan por alto padecimientos graves de los pacientes, lo que deriva en complicaciones, errores en el diagnóstico, tratamientos inadecuados y que conlleven a otras enfermedades o consecuencias por un tratamiento inadecuado o innecesario.
Especialmente durante la pandemia por COVID-19 las consultas con médicos y clínicas ‘patito’ se incrementaron y fueron la principal línea de apoyo para las personas de escasos recursos que experimentaban síntomas de la enfermedad.
Lamentablemente, otro servicio que no cumple con los estándares de calidad requeridos es el de las ambulancias privadas. Muchos paramédicos carecen de preparación y equipamiento médico, hacen cobros injustificados y en muchos casos son los primeros en llegar a las emergencias.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dado seguimiento a los casos de las ambulancias privadas para evitar abusos e irregularidades, haciendo pruebas a nivel nacional para asegurarse de que las ambulancias cuentan con personal capacitado y con equipo para terapia intensiva, urgencias, traslados, entre otros.
Asimismo, deben contar con insumos de calidad, cumplir con fechas de vencimiento en los fármacos y contrato con empresas para la disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).
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Lic. Carlos Figueroa Rodríguez, abogado titular de Lex & Co. Cuenta con más de 10 años de experiencia en casos especializados en materia de demandas contra negligencias médicas y aseguradoras. Egresado de la Universidad Anáhuac y con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, además, cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la UCI México. Cédula profesional 6577215.
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