En EE.UU. la polémica por el manejo de la pandemia por COVID-19 no ha cesado, y el escrutinio público estuvo centrado en un centro de detención de inmigrantes tras darse a conocer acusaciones de negligencia médica, malas condiciones y de histerectomías forzadas.
Un grupo de defensoras de los derechos de los inmigrantes interpuso una queja en contra del Irwin County Detention Center, en el estado de Georgia, una instalación privada bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) por negligencia médica al no seguir las medidas de seguridad y prevención de COVID-19.
Ya que el coronavirus ha facilitado la expulsión de los inmigrantes hacia sus lugares de origen en México y Centroamérica, los centros de detención han rebasado la capacidad permitida durante la jornada de sana distancia.
De acuerdo con la queja, a las personas detenidas que manifestaban síntomas se les negaba la prueba de coronavirus y, en otros casos, se inventaban registros médicos. Además los denunciantes anónimos indicaron que no se aislaba a los sospechosos, ni se promovía el distanciamiento social y mucho menos se contaba con los equipos de protección facial ya que los detenidos fabricaban mascarillas con toallas sanitarias para prevenir los contagios.
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En este mismo centro, donde los detenidos alegan retrasos en la atención médica ante la falta de personal en esa área, ha habido quejas por inyecciones forzadas de medicamentos psicotrópicos a los niños, además de histerectomías realizadas a una gran cantidad de mujeres hispanohablantes detenidas y posteriormente deportadas a su país de origen.
A través de un comunicado para la BBC, ICE indicó que se trata de “alegatos anónimos, sin comprobar que deberían abordarse con el escepticismo que merecen”, además indicaron que los epidemiólogos del servicio de inmigración han monitoreado los brotes, actualizado los protocolos de prevención y control para evitar contagios entre los detenidos. Sin embargo, no es la primera vez que ICE se encuentra bajo el escrutinio por denuncias de malas condiciones sanitarias en sus instalaciones.
Dawn Wooten, una enfermera empleada en el centro decidió denunciar las prácticas cometidas en él, quejándose ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (del que depende el ICE), la denunciante no mencionó nombres de las presuntas afectadas por estos procedimientos ni testimonios en primera persona, solo referencias de las detenidas. Queremos justicia para las personas afectadas por la mala praxis, por ello nuestro equipo de expertos brinda la asesoría jurídica necesaria para obtener la reparación del daño. Si usted o alguien de su familia ha sido víctima de negligencia médica, póngase en contacto con nosotros y con gusto le asesoraremos.
Lic. Carlos Figueroa Rodríguez, abogado titular de Lex & Co. Cuenta con más de 10 años de experiencia en casos especializados en materia de demandas contra negligencias médicas y aseguradoras. Egresado de la Universidad Anáhuac y con Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, además, cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la UCI México. Cédula profesional 6577215.
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