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En México se ha vuelto muy común ver casos de negligencia en hospitales del sector privado y público, tantos casos que de no contar con abogados de negligencia médica se quedan sin resolver, es por ello que el estudio “La Negligencia Médica en México” publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República resalta la necesidad de tipificar como delito a la mala praxis para que las víctimas cuenten con respaldo jurídico.

La investigación realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo indica que hacen falta disposiciones legales expresas, lo que ha generado que no exista la figura jurídica de negligencia médica, es decir, que no está tipificado como delito en la República Mexicana en los códigos federales penales ni civiles; la figura de responsabilidad en materia de salud, la impericia, el dolo y la negligencia no se contemplan.

En el análisis se informa que el Código Penal de Aguascalientes tipifica y sanciona la responsabilidad profesional médica, aunque de forma genérica. La Ley General de Salud indica que las quejas presentadas por una mala atención médica deben ser atendidas y resueltas de forma oportuna y efectiva por parte de los prestadores de servicios de salud o por las instituciones definidas para el mismo fin.

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Por otro lado, el estudio señala que las más afectadas por la negligencia médica son las mujeres residentes de zonas rurales o de lengua indígena, quienes reciben una deficiente atención médica, especialmente durante el embarazo, parto y puerperio, ya que suele serles negado el acceso a los servicios médicos bajo el argumento de la falta de equipo, espacio, medicamentos y recursos para atenderlas, lo que pone en riesgo su salud y la de sus hijos.

Los recién nacidos de zonas indígenas fallecen debido a la falta de atención, vigilancia y valoración médica de manera oportuna y de calidad; la carencia de los servicios de ginecología y pediatría es otro problema dentro de los hospitales de estas zonas.

En 2014, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, recibió más de 17 mil quejas, de las que 80% se relacionaban con los servicios públicos de salud, el 20% restante es del sector privado.

La negativa del profesional de salud a prestar sus servicios de forma oportuna a las personas que acuden a las instituciones de salud es otra forma de negligencia, estas acciones junto con la impericia, el dolo, el descuido, la falta de higiene, entre otras, ponen en riesgo la salud y la vida de los pacientes, siendo la salud un derecho reconocido por la Constitución, es por todo esto que el estudio indica la urgencia de regular los servicios médicos y sancionar la negligencia.

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